El TSJ admitió la demanda de nulidad del Arco Minero del Orinoco, cuyas denuncias vinculan a funcionarios con mafias.

Para el estado Bolívar, sus riquezas naturales, principalmente el oro, se han convertido en un problema más que en un beneficio para la región, a consideración de las mafias mineras en la entidad y las implicaciones ambientales con la creación del Arco Minero del Orinoco, denuncias hechas en reiteradas oportunidades por dirigentes ambientalistas, diputados a la Asamblea Nacional y el Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz.

El Arco Minero del Orinoco abarca 111 mil kilómetros cuadrados que estarían destinados a la minería de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros. Y aunque el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, asegura que toda exploración y explotación se hará reservando los recursos naturales, los ambientalistas dicen lo contrario.

La dirigente del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Pastora Medina, explicaba que el Arco Minero del Orinoco significaba un atentado para bosques y selvas protegidas por decretos ambientales, como Imataca, La Paragua y El Caura, con entre 3 millones 800 mil y 5 millones 134 mil hectáreas, hasta monumentos naturales como Guanay y los 96 mil kilómetros de la Cuenca del Caroní, la cual alimenta la represa de Guri.

Las denuncias llegaron hasta el Tribunal supremo de Justicia (TSJ), además del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en rechazo al Arco Minero, sobre el que el diputado Américo De Grazia, asegura que el interés es «sanear las zonas mineras que están comprometidas para las trasnacionales extranjeras”.

«El Arco minero es un Chernóbil ecológico en el seno de Guayana, afectando nuestras aguas, reservas forestales, sistema hidroeléctrico y más», agrega el diputado.

El martes 21 de junio, el juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad presentada el 31 de mayo por Freddy Gutiérrez Trejo, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro, entre otros ex funcionarios de las filas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, con medida cautelar de suspensión de efectos contra el Decreto N° 2248 de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en Gaceta Oficial Nro. 40.855, en el que se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 

De acuerdo con la sentencia, se ordena «notificar al ciudadano Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a la ciudadana Fiscal General de la República y a la Procuraduría General de la República», y agrega que «una vez que curse en las actas el cartel publicado, se remitirá el expediente a la Sala, a fin de que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa».

Funcionarios implicados

Para Medina, el Arco Minero del Orinoco aumentará las mafias al sur del estado, las mismas que han provocado muertes de mineros por la guerra entre bandas armadas que se disputan el control de las minas de Bolívar, recordando la masacre de Tumeremo que tuvo lugar el 4 de marzo de este año, con una cifra oficial de 17 personas asesinadas.

El parlamentario De Grazia no teme en señalar a responsables, y desde la masacre de Tumeremo, mantiene sus afirmaciones sobre la vinculación del gobernador Francisco Rangel Gómez y el diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Aldrin Torres, de sus implicaciones en la matanza de mineros y sus vínculos con mafias mineras para la obtención de oro por vías no legales.

Desde el gobierno niegan estas acusaciones, pero nunca se pronunciaron por las denuncias de una sequía intencional en el embalse de Guri, presuntamente para facilitar la extracción de oro y diamante en esta zona.

Las investigaciones se mantienen muy discretamente. Actualmente el diputado del CLEB, Luis Gámez, perteneciente a las filas de Unidad Popular Venezolana (UPV), partido fundado por la fallecida dirigente chavista Lina Ron, permanece detenido por presuntamente intentar ingresar a 10 paramilitares a Tumeremo.

Una fuente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) reveló a El Correo del Orinoco,com que, en efecto, el diputado regional Aldrín Torres también estaría implicado en el caso, y junto a él al menos 15 funcionarios más, entre los que trascendió el nombre de Ronald Gamboa, subsecretario de Educación en la gobernación del estado Bolívar.

De forma extraoficial también se conoció que a raíz de la detención de Gámez, quien por su investidura de diputado le correspondía arresto domiciliario, tuvo que ser trasladado hasta un destacamento en Caracas, pro presuntas amenazas de muerte. «No quieren que él hable».