Con la mayoría de la bancada opositora la Asamblea Nacional aprobó responsabilidad política del presidente de la República Nicolás Maduro.
El texto aprobado sin la presencia de los diputados oficialistas que se retiraron a mitad de sesión, establece los siguientes acuerdos:
1. Declarar la responsabilidad política del presidente de la República por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales que ha llevado a cabo.
2. Acudir al Poder Ciudadano con el objeto de que intente acciones dirigidas ha hacer efectivas dicha responsabilidad, y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de un ante juicio de mérito contra el presidente de la República con sus acciones encaminadas a la destrucción de la forma política republicana y de otros hechos punibles que presuntamente ha perpetrado.
3. Continuar desarrollando y construir con la mayor celeridad, con el apoyo de la Comisión parlamentaria designada el 23 de octubre del 2016 las consultas sobre la posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo de la presidencia de la República, en los términos del artículos 233 de la Constitución.
4. Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Nacional.
5. Ratificar su decisión de acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar la violación a los derechos humanos, y a los elementos esenciales de la democracia que sufren los venezolanos en cuya comisión el presidente de la República ha tenido un papel protagónico.
Durante la lectura del acuerdo mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó responsabilidad política de Nicolás Maduro, se expresó que éste se negó a comparecer ante el Parlamento, a la vez que se recibieron a los voceros de diferentes sectores sociales “quienes dejaron en evidencia la devastación del orden económico, social, la represión y discriminación de la que ha sido responsable directo el mandatario”.
Aspecto considerado además para esta decisión fue el estado de excepción reiterado que violenta lo establecido por la Constitución Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo que ha menoscabado a solicitud de Maduro todos los derechos de la Asamblea Nacional en materia de control fiscal y legislativo.
La persecución política, la firma de contratos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el manejo de la hacienda pública sin control con el beneplácito de los poderes electoral y judicial así como la aguda crisis económica que afecta a los venezolanos fueron parte de las justificaciones del acuerdo firmado por la directiva del parlamento.
Gran Polo Patriótico se retiró
Esta discusión estuvo tensa desde el principio, pues el sector oficialista llegó con la firme posición de que se trataba de una sesión ilegal pues consideran que el juicio político contra el Presidente no está contemplado en la Constitución.
Ante las diferencias con los diputados opositores la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) decidió retirarse de la plenaria, no sin antes advertir que la oposición tendrá que asumir la responsabilidad política de la sesión.
El diputado Pedro Carreño calificó el «juicio político» contra Nicolás Maduro como una “cantinflada” y un “adefesio jurídico”.