Como una aberración jurídica calificó un grupo de abogados el proceso que se realiza en contra de los jueces tachirenses Belkys Alvarez y Diego Molina acusados de otorgar beneficios a un narcotraficante
“Rechazamos por ser una aberración jurídica y violación del debido proceso, la persecución a la cual están siendo sometidos los jueces Belkys Alvarez, del Tribunal Tercero de Ejecución y Diego Molina, Juez Segundo de Juicio por orden del Ministerio Público y la indebida intromisión del gobernador José Vielma”.
Así lo señalaron en un escrito los abogados Omar Silva, Neil Villegas, Daniel Pérez, Dessire Moros, Agustín Sánchez, Hemilsan Beirutti y Freddy Escalante quienes manifestaron que este procedimiento de detención y persecución a los jueces es totalmente injusto e ilegal.
La Juez Álvarez fue detenida por una orden de la fiscalía ejecutada por la Guardia Nacional el pasado martes acusada de manipular un caso para otorgar una medida de beneficio a un narcotraficante quien había sido sentenciado a 19 años de prisión. La juez había declarado su traslado hasta en centro siquiátrico en el Táchira desde su sitio de reclusión, el Centro Penitenciario de Occidente.
Por su parte el Juez Diego Molina, quien habría otorgado un recurso de amparo al detenido William Colmenares ante la negativa del director del CPO de cumplir con la orden de la Juez Alvarez, fue señalado por el gobernador José Vielma como cómplice y se ordenó su captura, encontrándose prófugo en estos momentos.
También se encuentra detenido en la sede del Comando de la Guardia Nacional en San Cristóbal, el asesor jurídico del centro siquiátrico de Peribeca, el abogado José Galindo.
Mucha indignación
Los abogados denunciantes manifestaron que representan a un grupo mayor de profesionales del derecho y jueces que, por obvias razones, no pueden expresar su posición pública, indicando que hay mucho malestar e indignación en el colectivo judicial tachirense por la manera como han sido acusados y la aberración jurídica cometida.
“En este caso hay una clara aberración jurídica y un exceso de atribuciones tanto de la Fiscalía como por parte de la ministra Iris Varela y el gobernador José Vielma. Las detenciones son arbitrarias porque se realizaron sin orden judicial, no se tomaron en cuenta los procedimientos e instancias naturales para proceder a la sanción, si así correspondiera, a los jueces”.
Acusan al gobernador José Vielma de haber sentenciado, sin juicio previo, a los jueces acusándolos de delitos que no han sido demostrados ante ninguna instancia. “Aquí se impone un régimen de terror y avasallamiento por la dupleta de Fiscalía y Poder Ejecutivo sin respeto al pleno derecho”.
Desmintieron la principal acusación del gobernador quien, falsamente, dijo que los jueces habían ordenado la liberación del narcotraficante. “Eso es otra gran falsedad. Nunca se ordenó la libertad sino el traslado por razones que deberán ser analizadas ante las instancias correspondientes y no por parte de un gobernador o un ministro” señalaron.