Durante los primeros 30 días de 2017, se produjeron 26 agresiones en contra de los Derechos Humanos y la libertad de expresión.
Los ataques a la prensa son una continuación de lo que ha venido ocurriendo en años anteriores en un intento de cercenar y ocultar la verdad de lo que ocurre en el país, ante eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP expuso cada caso registrado en su más reciente informe mensual, perteneciente al mes de enero en el cual aseguraron que la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo están comprometidos por la violencia política en Venezuela; además, se suma a ello la ausencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales y denunciaron que “el autoritarismo y la hipersensibilidad crítica” convierten al Estado en victimario o cómplice de los atropellos contra la prensa.
“No hay disposición del Estado para preservar lo consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución, que establecen el derecho a la libertad de expresión y la información”, se lee en el documento.
Las agresiones más frecuentes a los periodistas y reporteros gráficos son amenazas de muerte, insultos, limitaciones, golpes y robos; incluso, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Mientras que los medios impresos se ven afectados por la escasez de papel periódico, los radiales los han desmantelado y a los televisivos, incluso, les han abierto procedimientos administrativos.
En el caso de la prensa escrita destacaron tres casos puntuales, el primero ocurrió a comienzos de enero, cuando El Impulso dejó de circular por nueve días por falta de papel periódico; El Nuevo País pasó de ser un diario a un semanario, por la escasez de insumos; y el Diario Católico, con 93 años de circulación, anunció su cierre indefinido por el mismo motivo.
A nivel de prensa televisiva, el 10 de enero robaron el equipo microondas con el que la Asamblea Nacional transmitía Capitolio TV, además, secuestraron por varios minutos a Óscar Sánchez y Michael Acosta, técnicos del canal, para impedir que el Parlamento Nacional sesionara en las instalaciones del Hospital Vargas de Caracas. En otro caso Conatel le abrió un procedimiento administrativo a Globovisión por declaraciones que realizó Freddy Guevara, primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, durante una entrevista realizada el 11 de enero, en ese momento el diputado instó a los venezolanos a iniciar “un proceso de resistencia pacífica” para presionar al Gobierno y lograr la realización de elecciones.
El más reciente caso reportado fue la censura aplicada a la serie colombiana “El Comandante”, basada en la vida del fallecido presidente Hugo Chávez y producida por Sony Pictures Entertainment, ante eso Conatel, a través de Twitter, solicitó a los ciudadanos denunciar a los proveedores de servicios de televisión por suscripción en caso de que transmitieran la producción.
Estas acciones dejan entrever que los ataques y señalamientos en contra de la prensa en Venezuela, no pararan, hasta que exista un verdadero Estado de derecho, que castigue a quienes atentan contra la libertad de expresión y garantice el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados veraz y oportunamente.