Los funcionarios públicos despedidos al parecer se debe a una razia laboral que ejecuta el Gobierno para reducir la nómina del Estado.

Unos 10 mil funcionarios públicos despedidos, ha sido el número que hasta el momento ha arrojado, una ola de expulsiones ejecutada por el gobierno nacional  en distintas instituciones dependientes del Estado venezolano. Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, afirmó que ese sindicato ha recibido la denuncia de 10 mil funcionarios públicos despedidos, desde el pasado 30 de diciembre del 2016 y asegura que el Ejecutivo busca, al parecer, reducir drásticamente su nómina de empleados públicos.

Precisó que la mayoría de los funcionarios públicos despedidos han informado a los sindicatos que la situación se ha registrado en instituciones como Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, Seniat.

“Para las expulsiones el gobierno se vale de la suspensión del contrato de trabajo a tiempo determinado con los empleados que mantiene bajo esa figura, sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo establece que al cumplirse un año como contratado el trabajador debe ser pasado a la nómina fija”, aseveró Máspero.

Asimismo denunció que el Ejecutivo Nacional incurre en una flagrante violación de la Ley del Trabajo, al rescindir los contratos de trabajadores que ejercen funciones en el sector público desde hace 2, 4, 6, 10 y hasta 16 años. La sindicalista señaló que con los contratados el gobierno incurre en la práctica de la tercerización, la cual está expresamente prohibida en la ley, que la define como fraude laboral del patrono del sector público y el privado.

En ese sentido, en días pasados Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, advirtió la intención del gobierno nacional de rescindir los contratos a 300 mil empleados, al tiempo que recordó que actualmente la nómina fija del sector público de Venezuela es de 2,8 millones de empleados.

Según el sindicalista, el gobierno prefiere reducir el gasto en el sector público mediante la salida del personal contratado, en lugar de aplicar los recortes presupuestarios en la compra de armamento innecesario.